El Peligro de una Política Social sin control de salida
Por Mtro. Juan Luis Garay Puente
Hoy en día los conotados políticos de siempre afines algunos por conveniencia a la 4T más aquellos funcionarios públicos por elección que se vieron beneficiados con los votos que una marca como morena les entrega; dentro de sus discuros de informes o presentación ante el pueblo que los eligió siempre o casi siempre se les escucha hablar de los programas sociales del bienestar como si fuesen algo sagrado sin que nadie tenga la posibilidad de cuestionarlos aunque sea un poco.
Pero, es importante preguntarnos debido a qué se satanizan opiniones que siemore deberían considerarse respecto a cualquier política social o de cualquier índole que un gobierno ponga en marcha. Así que sin importar las críticas a las que pueda estar sujeto por aquellos que defienden a capa y espada este proyecto de naciòn diré lo siguiente.
La política social del gobierno de la Cuarta Transformación ha marcado un hito en la historia de México al elevar a rango constitucional las transferencias directas. Nadie puede negar el alivio inmediato que esto significa para millones de hogares. Sin embargo, al observar la arquitectura de estos programas, emerge una grieta que para mí es preocupante: la ausencia de temporalidad y de corresponsabilidad en dichos programas lo que amenaza con convertir un alivio necesario en un riesgo social de largo plazo.
Históricamente, los programas sociales más exitosos a nivel global han funcionado como un puente y no como un destino, es decir su función sería la de incentivar la economía a través del consumo con los recursos que el gobierno les entrega para que de manera gradual dichos apoyos vayan disminuyendo para no afectar otras áreas. En otras palabras el objetivo de cualquier política de desarrollo debería ser que el ciudadano deje de necesitar el apoyo del Estado gracias al fortalecimiento de sus propias capacidades.
En los programas del Bienestar actuales, no existen mecanismos de egreso o de término. Al no cuidar la temporalidad, el apoyo se percibe como una renta permanente que no incentiva la movilidad social. El riesgo es generar una dependencia estructural donde el beneficiario queda atrapado en una red de asistencia que, si bien mitiga la pobreza, no ofrece las herramientas para superarla.
Uno de los cambios más drásticos respecto a programas anteriores (como Oportunidades o Prospera) fue la eliminación de las condicionalidades. Anteriormente, la transferencia estaba ligada a obligaciones en salud y educación. Al eliminar estas reglas, el Gobierno ha renunciado a la formación de una corresponsabilidad con el beneficiario.
Sin obligaciones, se pierde la valoración del beneficio. La transferencia se convierte en una transacción unidireccional que:
Desvincula la ayuda del desarrollo humano y por tanto no hay garantía de que el recurso se traduzca en mejores indicadores de salud o educación para las nuevas generaciones y la más peligrosa es donde se debilita a la ciudadanía al no exigir nada a cambio, se fomenta una relación de “cliente” frente al Estado, en lugar de un ciudadano activo que contribuye al tejido social.
Pero no solo el problema deviene en causas sociales, pues el costo de estos programas ya ronda el billón de pesos anuales. Sin reglas de operación que limiten la permanencia o evalúen el impacto real, el gasto se vuelve inercial y potencialmente insostenible. La falta de criterios claros para valorar la continuidad del beneficio no solo pone en riesgo las finanzas públicas, sino que genera una falsa sensación de seguridad en la población.
“Un programa social que no tiene una puerta de salida es, en realidad, un paliativo que administra la necesidad en lugar de resolverla.”
Para que el “Bienestar” sea una realidad y no solo un eslogan, es urgente reintroducir la corresponsabilidad. Los apoyos deben ser una herramienta de empoderamiento, no una cadena de dependencia. De lo contrario, el riesgo social es inminente: estaremos construyendo una sociedad que espera la llegada del cheque, mientras las verdaderas causas de la desigualdad como lo es la falta de educación de calidad, el empleo formal y la infraestructura de salud siguen sin resolverse.


