A propósito de la iniciativa de Reforma Electoral
Por: Mtro. Juan 6Luis Garay
Existe una confusión peligrosa en los pasillos de nuestra política regional, una que parece haberse instalado con especial fuerza en el Distrito 18. La función de un diputado, según la arquitectura de nuestra democracia, es clara: legislar, fiscalizar y representar. Sin embargo, hoy asistimos a un espectáculo de ilusionismo donde las leyes brillan por su ausencia y las entregas de apoyos gubernamentales se convierten en la única bandera.
Es alarmante observar cómo la actual diputada del distrito y varios de sus homólogos independientemente del color que representan, han decidido archivar su capacidad de análisis jurídico si es que la tuvieran para convertirse en simples gestores de ventanilla. Ante la incapacidad de desarrollar una agenda legislativa sólida, de proponer reformas que transformen la realidad estructural de los ciudadanos o de debatir con rigor en la tribuna, han optado por el camino más fácil: colgarse medallas que no les pertenecen.
La entrega de programas sociales, las becas, el fertilizante, el apoyo a cañeros, los apoyos económicos y las obras de infraestructura son facultades y recursos del Gobierno de México que es el Poder Ejecutivo encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum. Un diputado no tiene presupuesto para ejecutar obras ni programas; su “trabajo” no es repartir, sino asegurar que las leyes permitan que esos recursos lleguen de forma justa. Cuando un legislador
utiliza estos programas para hacer creer a la ciudadanía que su labor “está rindiendo frutos”, no está trabajando, está engañando. Es una táctica de supervivencia política: ante el vacío de ideas, se recurre al asistencialismo con recursos ajenos.
Esta carencia de oficio legislativo en los candidatos de mayoría, es decir aquellos que llegan a través del voto nos lleva a una reflexión necesaria sobre una de las figuras más atacadas en la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta de México : los legisladores plurinominales. Mientras el discurso popular pide eliminarlos, la realidad parlamentaria nos muestra que son, en gran medida, quienes sostienen el peso técnico de las cámaras. Al no estar distraídos en la constante campaña de imagen que exige el territorio, suelen ser quienes poseen el perfil técnico para redactar leyes y entender la complejidad jurídica.
Sin embargo, el problema de fondo no es el método de elección, sino la aptitud. Es una ironía democrática que para ser médico, ingeniero o incluso chofer se requiera una certificación de competencias, pero para redactar las leyes que rigen a toda una nación, el único requisito sea la popularidad, pertenecer a un partido político que por su sola marca hace ganar a quien sea o la lealtad partidista.
En conclusión y a propósito del debate que se vive por la iniciativa de reforma electoral, en lugar de pretender eliminar figuras que aportan equilibrio técnico, la discusión debería centrarse en elevar la vara de entrada. Sería mucho más provechoso para el pueblo de México y específicamente para el Distrito 18 aplicar un examen de admisión obligatorio para todo aspirante a candidato.
Un filtro donde demuestren conocimiento constitucional, derecho parlamentario y administración pública. Solo quienes resulten aptos deberían tener el derecho de aparecer en la boleta. Así, el ciudadano votaría por alguien que le agrada, pero con la garantía de que ese alguien sabe, por lo menos, para qué sirve el cargo que busca.
Mientras esto no ocurra, seguiremos viendo a diputados “repartiendo” lo que no es suyo porque no saben hacer lo que sí les corresponde.
