Guadalajara, Jal., Juan/02/2025.- Un grupo de trabajadores de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco (SHPE), agrupados en el colectivo Fortaleza, denunció públicamente una serie de irregularidades al interior de la dependencia estatal, entre ellas el retiro arbitrario de incentivos económicos, prácticas de hostigamiento laboral y represalias por ejercer su derecho a la protesta.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido este 2 de junio, los integrantes del colectivo acusan que desde enero de 2024 se suspendió el pago de los incentivos trimestrales —conocidos como “multas”— que venían recibiendo de manera regular. La justificación oficial fue la creación del Servicio Estatal Tributario (SET), sin embargo, los trabajadores sostienen que estos pagos representan derechos adquiridos que no debieron ser eliminados sin una alternativa real ni compensación suficiente.

Aunque no todos los empleados de la SHPE forman parte del colectivo, las denuncias han generado inquietud al interior de la dependencia. Los manifestantes aseguran que han tenido que trabajar “bajo protesta” debido a la presión constante por parte de directivos, y denuncian que han sido objeto de amenazas y cambios de adscripción forzados como mecanismo de castigo, lo cual ha impactado su economía, salud emocional y estabilidad familiar.

En el centro de las denuncias señalan a Dahely Dessiree Carranza Viesca, jefa del SET, a quien acusan de ordenar la retirada de carteles con mensajes de protesta, así como de haber instruido el traslado discrecional de trabajadores a oficinas distantes. También mencionan antecedentes de acoso laboral cuando la funcionaria se desempeñó como administradora del SAT en Puerto Vallarta.

“El acoso disfrazado de ‘comisiones’ a lugares más lejanos es una forma de represión. Exigimos que cesen estas prácticas y que se nos permita ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica sin consecuencias laborales”, señala el documento.

Asimismo, el colectivo criticó al titular de la SHPE, Luis García Sotelo, por mantener una postura indiferente frente al conflicto, y exigió un acercamiento directo con los trabajadores para escuchar sus demandas y encontrar soluciones conjuntas.

Entre sus principales exigencias destacan:

Respeto pleno al derecho constitucional de manifestarse pacíficamente.

Cese de represalias y retorno a sus lugares de trabajo de origen.

Recuperación de los incentivos eliminados y mejora de sus condiciones salariales.

Los denunciantes también se refirieron al deterioro salarial que enfrenta el personal de la SHPE, señalando que muchos abogados y auditores ganan casi lo mismo que una secretaria, pese a la carga de trabajo y la responsabilidad legal que implican sus funciones. Subrayaron que no ha habido un ajuste salarial significativo en más de dos sexenios.

En su pronunciamiento también hicieron énfasis en la falta de representación sindical efectiva, al acusar a un dirigente de haber negociado beneficios personales, incluyendo un ascenso y la incorporación de familiares en la nómina, en presunta colusión con altos mandos de la Secretaría.

Finalmente, el colectivo responsabilizó a las autoridades estatales de cualquier afectación física o emocional que pudieran sufrir los trabajadores, y advirtió que continuarán ejerciendo su derecho a la protesta mientras no haya soluciones reales.