Por: Redacción/ TEN/ Salud
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2022, poco más de 10.8 millones de mexicanos padecieron hambre, cifra que contrasta con la producción alimentaria anual que puede cubrir la seguridad alimentaria del país, lo que lleva al cuestionamiento de, ¿qué se está haciendo mal en la distribución de alimentos?
Ante este panorama es que, en el Congreso del Estado se realizó el ejercicio denominado “Foro sobre la Ley para Garantizar el Derecho Humano para la Alimentación del Estado de Jalisco”.
Con la participación de Directivos de Consejos Alimentarios y Agropecuarios, Asociaciones Civiles, Colectivos, Defensores de Derechos Humanos y Activistas, se dieron cita en el recinto legislativo jalisciense, para interactuar y exponer diversas situaciones a este importante tema.
Correspondió a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, la Dip. Priista, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, dar la bienvenida y resaltó la importancia de establecer las bases fundamentales para reducir las brechas de desigualdad que los jaliscienses requieran y tengan acceso al derecho a la alimentación consagrado en la Constitución y se traslade a las políticas públicas y a los presupuestos gubernamentales.
El principal propósito de este diálogo, es presentar propuestas que se incluirán en la iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho Humano a la Alimentación del Estado de Jalisco que, presentó el diputado tricolor Hugo Contreras Zepeda; así como plantear acciones para regular los procedimientos para otorgar el derecho a la alimentación nutritiva a la ciudadanía más vulnerable en el Estado.
Con esta normatividad se establece en la Constitución el derecho de todas las personas a contar con una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad; este marco jurídico permitirá generar políticas y diversas estrategias para garantizar este derecho, superar la desnutrición, garantizar la salud de la población y el derecho a recibir los alimentos requeridos.
Contreras Zepeda refirió que uno de cada cuatro mexicanos (25.0%) carece de acceso a una alimentación sana y nutritiva.
En Jalisco, son más de un millón 200 mil personas, es decir, poco más del 10.0 %. El Diputado señaló que el objetivo de su iniciativa es que sea un instrumento, una norma que ayude a reducir la brecha y el índice de jaliscienses carencia del sustento alimenticio.
Reconoció que hay acciones gubernamentales y programas que atienden esta problemática, pero dijo, aún falta brindar apoyo a las familias, “esta ley reglamentaria tiene el objetivo de planear los esfuerzos de los organismos, asociaciones civiles, autoridades estatales y municipales en conjunto con las organizaciones civiles para garantizar el derecho humano a la alimentación”.
En su participación, los expertos presentaron propuestas para garantizar el derecho de los jaliscienses a la alimentación sana y nutritiva.
Lorena Delgado González, Vicepresidenta Legislativa del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco (CAJ); Francisco Javier Zaragoza Lovera, Presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos A.C. (UCMA); Ricardo Romo Rivas, Director General del Banco de Alimentos Guadalajara.
También participaron, Fernando Brambila Gutiérrez, Coordinador del Área de Políticas Públicas del Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos?; Teresa Gómez Aguiar, Gerente del Organismo de Nutrición Infantil A.C. (ONI AC); y Alma Chávez Guth, Presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial.
Entre las propuestas se encuentran: promover acciones para garantizar la seguridad alimentaria y realizar acuerdos con los productores agroalimentarios para beneficiar a las personas que requieren alimentos, implementar políticas públicas presupuestales para que se aprovechen las 4 mil a 8 mil toneladas al mes que produce el campo jalisciense que se podrían recuperar, donar los alimentos que están en buenas condiciones y establecer acciones para movilizar los alimentos a las mesas de las personas que lo requieran.
Propusieron también, proteger el derecho al agua, de la tierra, a los pequeños productores del campo y a los ciudadanos como consumidores, fortalecer la educación alimentaria adecuándola a la cultura de cada región de la Entidad, apoyar el policultivo, rescatar los alimentos y asegurar que el apoyo llegue a quien realmente lo necesita y proporcionar alimentación nutritiva y de calidad a los infantes.
