Cocula, Jal., feb/27/2025.- Matías Alejandro “N” , ex juez municipal de Cocula, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad , luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción acreditara que excedió sus funciones al irrumpir en un domicilio particular con apoyo de la policía municipal.
La resolución fue emitida la tarde del jueves 20 de febrero en los Juzgados del Noveno Distrito Judicial con sede en Ameca, donde el juez de Control y Oralidad, Arturo Coronado Haro , determinó que el exfuncionario actuó fuera del marco legal y contravino lo establecido en la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus municipios .
Los hechos
De acuerdo con la investigación, el 27 de abril de 2024 , Matías Alejandro “N” acudió, junto con elementos de la policía municipal, a un domicilio particular sin orden judicial. Ahí, indicó a la víctima que realizaba una diligencia por el supuesto robo de un vehículo estacionado en el interior de la vivienda, exigiendo su entrega bajo amenaza de detención. Posteriormente, ordenó a los oficiales llevarse el automóvil y entregarlo a una tercera persona.
La dueña del vehículo , identificada como compañera de trabajo del ex juez , había entregado previamente el auto y sus documentos a la víctima como garantía de pago de un préstamo , hecho que el exfuncionario ignoró al ejecutar el aseguramiento.
Denuncia y proceso legal
El 17 de mayo de 2024 , la víctima presentó una denuncia vía electrónica ante la Fiscalía Anticorrupción , que inició una carpeta de investigación. Tras reunir pruebas y testimonios, el Ministerio Público consideró que el exjuez actuó fuera de sus atribuciones , por lo que fue presentado ante el Juez de Control, quien dictó su vinculación a proceso .
Medidas cautelares
Como parte de las medidas impuestas, Matías Alejandro “N” deberá:
- Firmar periódicamente ante el síndico de Cocula .
- No acercarse a la víctima para evitar la revictimización.
- No contactar testigos ni acudir a lugares relacionados con el caso , a fin de evitar posibles actos de intimidación.
Estas restricciones estarán vigentes por un plazo de seis meses , mientras continúa el proceso en su contra.
