Guadalajara JAL, Jul/03/2023-
Nadia Noemí “N”, exalcaldesa de Mexticacán, y Omar “N”, exdirector de Obras Públicas de dicho municipio, junto con la empresa constructora Torpa, han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
En una extensa audiencia inicial que duró casi 13 horas, celebrada en los Juzgados del II Distrito Judicial con sede en Tepatitlán, el Juez de Control y Oralidad, Víctor Manuel Vázquez Flores, dictaminó la vinculación a proceso de los exfuncionarios públicos y la empresa constructora, acusados de autorizar el pago de una obra sin que esta se hubiera concluido.
Durante su administración de 2018 a 2021, la expresidenta municipal y el exdirector de Obras Públicas de Mexticacán autorizaron un pago de 2.78 millones de pesos a la empresa Torpa por la remodelación del Rastro Municipal. Sin embargo, la obra no se completó, lo que llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Después de llevar a cabo investigaciones y peritajes, se determinó que solo se habían realizado el 62% de los trabajos contratados, lo que implicaba que el costo de la obra pendiente ascendiera a 1,044,000 pesos. Este monto se consideró como daño al erario, lo que llevó a la imputación de los exfuncionarios y la empresa constructora.
El Juez impuso medidas cautelares para los exfuncionarios, que incluyen la presentación periódica para firmar y la prohibición de salir del país sin autorización durante un año.
En el caso de la empresa constructora, el Juez ordenó una intervención judicial que requiere al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses designar a un contador o interventor para la compañía, con el objetivo de evitar su disolución o cambio de razón social hasta que concluya el proceso judicial. Además, se estableció la prohibición de contratar a la empresa para realizar obras públicas en Jalisco durante un año.
Con esta resolución judicial, se busca responsabilizar a los implicados por el uso indebido de atribuciones y facultades, en aras de salvaguardar el patrimonio público y combatir la corrupción en el ámbito municipal. El proceso continuará su curso conforme a la ley, y se espera que se apliquen las sanciones correspondientes en caso de ser encontrados culpables.
