Por Francisco Javier Negrete

El fracaso de la reforma electoral dejó al descubierto una realidad incómoda para el poder político: la iniciativa fracasó porque no respondía a los problemas reales de la democracia mexicana. No sólo fue cuestionada por la oposición; incluso aliados del oficialismo, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, marcaron distancia. Cuando ni los propios respaldan una reforma, algo fundamental está mal.

El problema es que se intentó debatir la forma sin tocar el fondo. Se habló de plurinominales, de recortes institucionales y de una supuesta “democracia cara”, mientras se señalaba al Instituto Nacional Electoral como si fuera el origen de los males del sistema político. Pero la raíz del problema no está ahí.

La crisis democrática de México es, ante todo, una crisis de legitimidad política y de representación.

La realidad cotidiana del país es demasiado evidente para negarla. Inseguridad, miedo en las calles, escasez de oportunidades laborales, estancamiento económico, hospitales sin medicamentos, carreteras federales en pésimo estado y una educación que no logra cerrar las brechas de desigualdad. Estos problemas no surgieron por generación espontánea. Son el resultado de decisiones políticas tomadas por quienes hoy ejercen cargos de representación popular.

Muchos de ellos llegaron al poder a través de procesos internos de partido opacos, simulados o capturados por intereses de grupo. Por citar un ejemplo de ello; muy popular por cierto y que millones de electores vimos a toda luz, “ganaron supuestas encuestas a las que ni siquiera se inscribieron para obtener sus candidaturas” y en ese mismo formato irregular e ilegal ganaron las elecciones en el 85% de los distritos. Los principios y estatutos partidistas se han convertido, en demasiados casos, en documentos decorativos que se citan pero no se cumplen.

La verdadera reforma electoral tendría que empezar por ahí: por obligar a los partidos a respetar sus propias reglas. Un sistema democrático no puede sostenerse cuando quienes compiten por el poder ignoran los procedimientos que ellos mismos establecieron.

Por eso es indispensable fortalecer al Instituto Nacional Electoral para que tenga facultades reales de sanción frente a los partidos que incumplen la ley o sus estatutos. Incluso debería contemplarse la posibilidad de retirar el registro a aquellos partidos incapaces de garantizar procesos internos democráticos.

Pero hay una cifra que debería preocupar más que cualquier discusión legislativa: 38 millones de mexicanos no votaron en las elecciones de 2024. Ese número supera incluso los votos obtenidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En los hechos, el mayor partido político del país no tiene siglas ni dirigentes. Se llama abstencionismo.

Esa cifra no es solo estadística. Es un síntoma profundo de desconfianza. Millones de ciudadanos han dejado de creer en los partidos porque sienten que, una y otra vez, han sido traicionados por quienes prometieron representarlos.

Sin embargo, el abstencionismo tampoco resuelve la crisis. Cuando la ciudadanía se retira de las urnas, deja el campo libre para que las prácticas ilegales continúen.

De cara a 2027, la verdadera reforma electoral no dependerá únicamente de lo que decidan los legisladores. Dependerá, sobre todo, de lo que decidamos la ciudadanía.

La ciudadanía debe informarse, vigilar los procesos internos de los partidos, cuestionar la forma en que se eligen las candidaturas y negarse a seguir participando en simulaciones políticas donde supuestas encuestas sustituyen a los procedimientos democráticos.

El voto no es un trámite. Es una herramienta de poder.

Cada vez que un ciudadano vota sin informarse, fortalece el sistema que critica. Pero cada vez que vota con conciencia, envía un mensaje claro a quienes aspiran a gobernar.

La democracia mexicana no se salvará con discursos ni con reformas incompletas. Se salvará cuando los ciudadanos comprendan que su voto no es sólo un derecho.

Es una responsabilidad histórica.