Junio 12 de 2023._

Por Adrián Jiménez Amaya

Dos policías de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta, identificados como Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, han sido vinculados a proceso por abuso de autoridad y por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público. Como consecuencia, se les ha suspendido de sus cargos durante seis meses, mientras se resuelve su situación jurídica.

La tarde del pasado 8 de junio, se llevó a cabo la audiencia inicial en los juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta. Durante dicha audiencia, el Juez Miguel García Hernández concluirá vincular a proceso a los dos agentes de la subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta. Esta acción se llevó a cabo como resultado de una investigación realizada por la Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción.

Mónica Daniela “N” y José Manuel “N” enfrentan cargos por abuso de autoridad, al ejecutar actos que atentan contra los derechos humanos garantizados por las constituciones políticas de México y Jalisco, en perjuicio de la víctima. También se les acusa de cometer delitos relacionados con la administración de justicia y otros ramos del poder público. Estos incluyen la realización de actos o la omisión de acciones que causen daño o proporción una ventaja indebida a los interesados ​​en un asunto, así como procurar la impunidad de los delitos o faltas de los cuales tendrán conocimiento en el ejercicio de sus funciones, abstenerse de denunciarlos o entorpecer su investigación.

Los hechos que llevaron a la vinculación de estos dos agentes se remontan a noviembre del año pasado, cuando un policía vial municipal participó en el operativo denominado “moto” en la colonia Coapinole, en Puerto Vallarta. Durante dicho operativo, la agente fue agredida físicamente por un hombre y una mujer. En ese momento, Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, quienes también formaron parte del operativo, intervinieron para ayudar a su compañera. Posteriormente, subieron a los agresores a su vehículo y consultaron con la víctima sobre su deseo de proceder legalmente.

La agente agredida manifestó su intención de acudir a los Servicios Médicos Municipales para obtener un parte médico de las lesiones sufridas y tomar acción penal contra sus agresores. Por lo tanto, solicitó a sus compañeros que los trasladaran a la Fiscalía Estatal correspondiente. Uno de los agentes permitió el traslado, pero omitió informar que tenían detenidas a dos personas. Como resultado, solo se les proporcionaron instrucciones sobre cómo llenar el informe. Posteriormente, los agresores fueron presentados ante un juez municipal por una falta administrativa.

La víctima acudió a los Servicios Médicos Municipales, donde se evaluó que las lesiones que había sufrido necesitarían más de 15 días para sanar. Sin embargo, para ese momento, sus agresores ya habían sido liberados. Ante esta situación, la víctima presentó una denuncia que fue investigada por la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.

Tras revisar las diferentes versiones presentadas durante el proceso, el juez superior que existieron pruebas necesarias para vincular a proceso a los policías viales. Además, como medidas cautelares, se les prohibió salir del país y se les prohibió acercarse o molestar a la víctima. Además, se dictaminó la suspensión temporal de sus cargas durante un período de seis meses.