Por Mtro. Víctor Manuel Pérez Cabrera
A los inicios de mi ejercicio profesional, y al acudir a los Juzgados federales y estatales; comprendí que los jueces y secretarios, eran abogados que sabían de la profesión y sobre todo que tenían un trato cordial e incluso orientador sin tomar partida.
Obviamente también entendía que los cargos de jueces y secretarios eran cuotas políticas; sin embargo, los cuadros de los partidos políticos eran formados y dirigidos a su área de conocimiento, es decir; no experimentaban, pues no ponían en riesgo el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Hace 10 años hablar del poder judicial federal y sus resoluciones era un deleite, un regocijo (perdón por el pleonasmo) de la forma en que se impartía justicia. Los jueces y secretarios eran eruditos impartiendo justicia. Quienes tuvimos la oportunidad de charlar con un Juez Federal reafirmamos nuestra decisión de haber estudiado leyes.
El poder judicial del Estado no era la excepción, jueces y secretarios con un gran conocimiento y que incluso eran profesores y nos aportaban mucho en las aulas. Lo más trascedente era la sencillez que los caracterizaba y la forma de orientar a los futuros abogados, y siempre certeros en sus acuerdos; por ello los recursos de revisión interpuestos por los abogados eran por cuestión de apreciación e interpretación, no como hoy que los recursos de revisión se han vuelto recurrentes para corregir a los jueces y secretarios de su desconocimiento de la ley.
La pandemia y sus secuelas que todavía hasta la fecha de hoy vivimos, evidenció la gran problemática que se vive en los poderes judiciales, poderes judiciales plagados de novatos en los puesto claves, funcionarios que arriban a los cargos por parentescos familiares, favores políticos e incluso por la venta de plazas. La pandemia aceleró la decadencia que el poder judicial está enfrentando hoy. Y aquí no solo entran los jueces y secretarios, sino también el presidente, los magistrados y los consejeros del poder judicial; que, ante la incapacidad para tomar las riendas de la administración de la justicia, les cedieron el control a los sindicatos, quienes escudados en la pandemia han dilatado y entorpecido la justicia.
Por lo anterior, el Poder Judicial debe destinar parte fundamental de su presupuesto a la capacitación, actualización y especialización de su personal. Uno de los retos que tienen los poderes judiciales de las entidades federativas es mejorar la calidad en la impartición de justicia, tanto en las materias que tradicionalmente conocidas como en las que se están por conocer; se deben pronunciar sentencias que estén correctamente fundadas y motivadas, que haya coherencia en ellas; lógica en todas sus partes, y que estén redactadas de manera clara y precisa.
La homologación de criterios en los autos procesales ordinarios es un tema que los Poderes Judiciales no han establecidos, y que indudablemente resulta necesario para que la justicia realmente sea pronta y expedita. Un claro ejemplo de lo que menciono, son los trámites de divorcio, donde hay un criterio muy avanzado en el Primer Partido Judicial de la Zona Metropolitana de Guadalajara, al resto de los partidos judiciales, donde existe un criterio pobre y arcaico.
Es innegable que el Poder Judicial tiene graves problemas, pero también es cierto que la Reforma que propone el Presidente de la Republica no es la viable, ya que López Obrador está utilizando como pretexto la decadencia en el Poder Judicial para materializar su dictadura. Por ello, ante el escenario que vive el país, y que se espera, donde el Estado de Derecho está en duda, los abogados debemos organizarnos para presionar a los poderes judiciales para que estos realmente corrijan su andar, y entiendan que el poder judicial tiene que estar afinado y preparado para hacer frente a la crisis nacional que se avecina y poder estar alistado para resolver los acontecimientos jurídicos que se presenten.
