Guadalajara Jalisco, julio 18 de 2023-

Una exservidora pública del Ayuntamiento de Guadalajara, identificada como María Magdalena “N”, ha sido condenada a reparar el daño ocasionado tras solicitar una coperacha a un particular por un servicio que debía brindar de manera gratuita. El Juez Décimo Primero de Control y Oralidad, Raúl Valdez Arredondo, impuso el pago total de $6,200 pesos como compensación a la víctima y a la sociedad.

El pasado martes, se aprobó la suspensión condicional del proceso contra la exservidora pública, después de que su defensa solicitara esta medida y se llegara a un acuerdo para la reparación del daño, el cual fue aceptado por la víctima involucrada.

En virtud de lo anterior, María Magdalena “N” ha efectuado un pago de $3,200 pesos a favor de la víctima como compensación por los daños ocasionados. Además, deberá cumplir con el pago de $3,000 pesos a la asociación civil Nariz Roja, como reparación del daño causado a la sociedad.

Como parte de las condiciones de la suspensión condicional, la exservidora pública no podrá cambiar de domicilio y deberá presentarse ante el juez cada dos meses durante un período de seis meses.

Es importante destacar que durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, María Magdalena “N” fue comisionada para supervisar locales comerciales y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, así como para colocar el distintivo “Fase Cero”.

El incidente en cuestión tuvo lugar el 16 de junio de 2020, cuando María Magdalena “N” realizaba inspecciones en establecimientos de la zona de San Juan de Dios, por Javier Mina. Ese día, un individuo encargado de un negocio presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal de la administración anterior, alegando que la exservidora pública le solicitó una “cooperación” de 200 pesos por el servicio. Aunque el denunciante entregó el dinero, al enterarse de que el trámite era gratuito, decidió presentar la denuncia correspondiente.

El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió la denuncia de la Contraloría Municipal y abrió una carpeta de investigación, la cual fue presentada ante el juez. El 5 de abril pasado, el juez resolvió vincular a proceso a la exservidora pública por el delito de concusión, que según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, se comete cuando un servidor público exige “dinero, valores, servicio o cualquier otra cosa indebida, o en mayor cantidad que la señalada por la ley” a modo de cooperación.