Guadalajara, JAL, Jun/21/2023 –
Cuatro elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad, luego de que se descubriera que falsearon el informe de detención de un individuo. Los policías municipales Jonathan Eduardo “N”, Carlos Alberto “N”, Arissai Lizette “N” y José Daniel “N” enfrentarán las consecuencias legales por sus acciones.
El Juez Octavo de Control y Oralidad, Javier García Muñoz, resolvió la vinculación a proceso en respuesta a los actos atentatorios de los derechos humanos garantizados por las constituciones políticas de México y de Jalisco. Los hechos ocurrieron el 25 de agosto de 2021, cuando los agentes detuvieron a un hombre en un hotel de paso en la colonia Guadalupana y lo entregaron al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), acusándolo de uso y almacenamiento de moneda falsa.
Sin embargo, durante la investigación realizada por el MP federal, se descubrieron inconsistencias en el Informe Policial Homologado (IPH) presentado por los policías. Como resultado, el MP decidió no ejercer la acción penal contra el detenido y remitió el caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que iniciara una investigación contra los policías de Guadalajara.
Posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo su propia investigación y confirmó que los agentes municipales manipularon los hechos y alteraron la narrativa del IPH, modificando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron los acontecimientos. Con base en estas pruebas, la Fiscalía presentó el caso ante el Juez, quien decidió vincular a proceso a los cuatro elementos policiales involucrados.
Como medidas cautelares, los agentes Jonathan Eduardo “N”, Carlos Alberto “N”, Arissai Lizette “N” y José Daniel “N” deberán presentarse a firmar cada mes y se les prohíbe acercarse al ofendido. Dado que la víctima de los hechos se encuentra desaparecida, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al Juez que la madre del individuo sea considerada víctima indirecta, una solicitud que fue concedida para efectos legales.
Con esta resolución, se espera que se haga justicia y se siente un precedente en la lucha contra el abuso de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad. La sociedad exige que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley y que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en el actuar de las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana
