Por Adrián Jiménez Amaya – mayo de 2025

En muchos municipios, la transición de gobierno no solo representa un relevo en el poder, sino también la entrada de una clase de “consultores” que han hecho del engaño una práctica rentable. Se trata de despachos y asesores externos, que, con trajes bien planchados y discursos convincentes, que conocen perfectamente los vacíos administrativos prometen resolver conflictos legales, armonizar reglamentos, destrabar recursos y hasta apagar incendios financieros… todo a cambio de contratos jugosos que rara vez se traducen en soluciones reales.

El problema no es nuevo, pero sí creciente. Muchos de estos servicios son contratados de manera opaca y sin una evaluación real de su efectividad. En el peor de los casos, quienes se presentan como expertos, son antiguos funcionarios o expresidentes municipales, que, aprovechando su pasado en el servicio público, se venden como la mejor vía para resolver temas que, irónicamente, en su momento no supieron o no quisieron atender.

Uno de los focos más críticos es el manejo de los laudos laborales. Estos asesores llegan prometiendo acuerdos, diferimientos y hasta cancelaciones milagrosas, mientras cobran por “estrategias” que no se ejecutan o que simplemente prolongan el conflicto. Cuando las administraciones municipales finalmente se dan cuenta del fraude, ya es tarde: los montos han crecido, los embargos están en puerta y los verdaderos expertos deben entrar como bomberos a controlar daños que pudieron evitarse.

Pero el mayor pecado de este esquema no solo radica en la estafa, sino en la complicidad pasiva de quienes deberían prevenirla. Los cabildos tienen la obligación —y la facultad— de analizar con seriedad cada contrato de asesoría, exigir resultados medibles y hacer públicas las acciones de estos personajes. Es momento de que cada peso destinado a consultoría sea justificado con evidencia tangible, con resultados auditables y no con discursos repetidos. De lo contrario, se perpetúa la idea de que el asesor gana, aunque el municipio pierda.

La profesionalización del servicio público no puede seguir dependiendo de recomendaciones personales ni de favores políticos disfrazados de asesorías. Urge establecer criterios claros, mecanismos de evaluación y reglas de rendición de cuentas para quienes ofrecen su “experiencia” a los gobiernos locales. Porque cuando se deja en manos de improvisados —o de vivales con colmillo político— la conducción de asuntos legales, financieros o administrativos, lo que sigue no es el orden, sino el colapso.

Los municipios no pueden seguir pagando por humo mientras su gente exige agua, seguridad, empleo y servicios. La responsabilidad de cuidar los recursos públicos no es exclusiva del presidente municipal: recae también en cada regidor, en cada síndico, y en cada ciudadano que debe preguntarse: ¿Quién está cobrando por resolver y por qué no hay resultados?